Responsabilidad empresarial para un entorno de negocios sano y competitivo.

En tiempos de recuperación económica las empresas de todos los tamaños y el sector público enfrentan el reto de construir un entorno de negocios sano y competitivo. En otras palabras, el desafío para las empresas y las instituciones públicas es asegurar condiciones de mercado libre de corrupción. ¿Pero qué sucede cuando se autorizan obras o trabajos a empresas no calificadas? ¿Qué riesgos tiene esto para la población? ¿Qué implicaciones tiene tanto para las empresas como para los gobiernos? ¿cómo se puede construir un escenario confiable, afable y legítimo para los negocios?

La corrupción genera atrofias en los mercados que se evidencian en prácticas de competencia desleal, disminución de las inversiones e ineficiencias en los procesos de comercio, debido principalmente al soborno y tráfico de influencias. De acuerdo con la Encuesta de Delitos Económicos de PwC, en el país se estiman pérdidas económicas a causa de la corrupción de uno a 5 millones de dólares en 13% de las empresas; entre 5 y 100 millones de dólares para el 8% de las empresas y en más de 100 millones para el 1% de las empresas encuestadas. Según cifras de INEGI la población en México en 2019 pagó por causa de la corrupción $12,769.7 millones de pesos, esto en términos per cápita significa $3,822 pesos erogados por persona, víctima de la corrupción.

En este contexto, las empresas interesadas en evitar, prevenir y disminuir los costos de la corrupción han implementado programas de responsabilidad social empresarial tanto en el plano individual como en el colectivo. Las bondades de adoptar estos programas son principalmente reducir sanciones administrativas o legales, reducir el riesgo reputacional de aparecer como culpables de corrupción o ilícitos, atraer clientes e inversionistas, participar en procesos de diseño de regulaciones de la mano del Estado y sus instituciones, promover condiciones de mercado más justas y mejorar la confianza pública.

Por otra parte, México forma parte de la Convención Anticohecho de la OCDE, puesta en operación en julio de 1999 con el fin de establecer medidas para “disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales”. Sobre esta base, se busca eliminar la competencia desleal derivada de gratificaciones extraoficiales, castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan u otorguen pagos a oficiales extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. A partir de la evaluación a la aplicación de la citada Convención Transparencia Internacional, en su Informe “Exportando la Corrupción: 2022” (Exporting corruption 2022) clasifica a 43 de los 44 países signatarios en Active Enforcement (Aplicación activa), Moderate Enforcement (Aplicación moderada), Limited Enforcement (Aplicación limitada) y Little or no enforcement (Poca o ninguna aplicación). México se ubica en el último grupo, junto a países como China, Japón, Rusia y Bélgica. Ello hace pensar que los esfuerzos no existen o no se tiene evidencia del avance en materia de combate a la corrupción, considerando que se requieren transformaciones más profundas e integradoras de todos los actores, en cuyo caso implican procesos de cambio lento. Muy probablemente, como lo indica Transparencia Internacional, la clave puede estar en los aún deficientes marcos legales, problemas relacionados con la protección de los denunciantes, tamaño de las sanciones, falta de capacitación y recursos, mala coordinación interinstitucional, financiamiento insuficiente entre las dependencias a cargo, así como independencia insuficiente de los servicios de fiscalía y tribunales.

Es fundamental para las empresas y las instituciones públicas de nuestro país asumir los retos y afrontar de manera contundente los desafíos que implica construir juntos un entorno propicio para la competitividad y productividad económica, poniendo como factor de cambio la disminución de la pobreza y la desigualdad, facilitando y haciendo efectivos los instrumentos de denuncia para recuperar la confianza en las empresas y las instituciones.

Colaboración realizada por Mónica Miguel Cárdenas y equipo Revolución 5.0 de Disruptive Labs. Si quieres conocer más al respecto, contáctanos al correo contact@disruptivelabs.mx o a nuestras redes @DisruptiveLabs, ¡con gusto te leemos!